Según la Declaración Universal de Derechos Humanos -refrendada por 48 naciones entre las que se cuenta Venezuela- y los convenios y pactos que derivaron de ella, existen unos derechos básicos que deben ser garantizados a los ciudadanos.
La aspiración global es que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, a la par de favorecer el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.
En el caso venezolano este ideal fue incorporado al marco legal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 “estableció la obligación del Estado de garantizar el bienestar de la población, la igualdad de oportunidades y el disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo”, según Provea.
Sin embargo, mucha de esta intención parece haber quedado en el papel. El informe de junio de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin, muestra que han ocurrido violaciones masivas de los derechos humanos a propósito de las manifestaciones contra el Gobierno. Pero hay más.
El informe, que analiza el uso abusivo de la fuerza contra los manifestantes, las detenciones arbitrarias y la tortura, también hace énfasis en la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel posible de salud y a una alimentación adecuada, con el agravante de que los programas sociales establecidos por el Gobierno se han instrumentalizado para obtener beneficios políticos y reforzar el control social.
Previamente el país transitó por un desmantelamiento sistemático de la institucionalidad democrática, limitando y prácticamente desapareciendo la independencia de poderes, con lo cual el estado de derecho fue quedando en entredicho.
Es fácil concluir que esto último es el resultado de una decisión política, especialmente si las autoridades venezolanas han señalado en reiteradas oportunidades que no están dispuestas a entregar el poder, ya que la llamada revolución bolivariana nunca será derrotada ni electoralmente ni por ninguna otra vía.
También se puede presumir que la persecución a quienes critican o se oponen al Gobierno es parte de una estrategia política para garantizar la sostenibilidad del chavismo en el poder.
¿Pero qué pasa cuando se violentan otros derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación y a la salud?
Se calcula que desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, la nación ha recibido un promedio anual de ingresos por el orden de los 50.000 millones de dólares. La magnitud de estos ingresos, esencialmente provenientes de la renta petrolera, ha debido ser una garantía de calidad de vida para los venezolanos. Sin embargo, no es así.
En Sobre corrupción, ética y desarrollo en Venezuela, publicación conjunta de las Academias Nacionales de Venezuela, se advierte que “en un Estado Democrático que respete los derechos ciudadanos no puede haber la mínima oportunidad para que un grupo sea beneficiado en detrimento de los demás y mucho menos que puedan tomarse iniciativas destinadas a favorecer la práctica del abuso de poder, o la manipulación de funciones o de medios para sacar un provecho económico o cualquier otra ventaja ilegítima”.
Pero los hechos ponen en duda el talante democrático del Estado venezolano. El torrente de recursos no llegó a traducirse en mejoras del sistema productivo del país, ni en obras de infraestructura, ni siquiera en el fortalecimiento de la industria petrolera, que es la principal fuente de ingresos de la nación. Al contrario, creció el endeudamiento y se dispararon los manejos dolosos de los recursos públicos -casos mil millonarios que se registran en la prensa mundial- en medio de un severo sistema de control estatal.
Hoy se estima que Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja. Cerca de 90% de la población vive en situación de pobreza medida por ingresos, según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi). La FAO, por su parte, encendió las alarmas debido al acelerado crecimiento del hambre en el país.
Es difícil pensar que la violación de derechos, bajo la excusa de la crisis económica, tenga además un trasfondo político. Pero la situación que se vive en el país hace crecer las dudas.
“Yo no he visto la construcción del socialismo en ningún país que sea un socialismo de abundancia. Los socialismos han sido a partir de la escasez”, afirmó Jorge Giordani mientras era ministro de Planificación de Hugo Chávez.
En la medida en que se ha profundizado la escasez más individuos tienen necesidad de recurrir a los programas sociales que controla el Gobierno para conseguir alimentos y medicinas. La firma Ecoanalítica calcula que entre 50 y 60% de la población vive actualmente de estas transferencias estatales. Es decir, son dependientes del sistema, una condición que restringe sus libertades y sus derechos.
Para el empresario Luis Henrique Ball una de las herramientas que usa el Gobierno “para mantener a una población amedrentada y obediente es el racionamiento de la comida”. A su juicio, “desde los días de Lenin, este método se ha utilizado frecuentemente en los países comunistas. Si alguien protesta, pierde su ración, su lugar en la fila, la leche para sus hijos, el medicamento para su madre”.
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre violaciones de Derechos Humanos en Venezuela
