Sorprende la tozudez del hombre que repite ensayos pasados esperando resultados distintos, particularmente cuando desecha una extensa bibliografía que nos señala cuales serán esos resultados.
Los controles de precios no tienen nada de novedosos, quizás el primero de ellos fuera el instituido en el famoso Edictum De Pretilis Rerum Vanalium promulgado en el año 301 por el Emperador romano Diocleciano. Desde entonces hasta el presente, infinidad de gobiernos han recurrido a estos controles en un esfuerzo desesperado por proteger a grupos sociales particularmente oprimidos por el incremento en los precios. Ni siquiera los Estados Unidos han escapado a esta tentación. Ellos, el “mecenas” del libre mercado, impusieron controles de precio durante las dos guerras mundiales, la guerra de Corea y durante la administración Nixon (de 1971 a 1973).
Impreso de la Compañía Guipuzcoana, 1764
Pese a su uso frecuente por parte de los gobiernos y su atractivo, la literatura económica es prácticamente contraria a ellos. En ella se señala que el establecimiento de precios máximos crea un aumento en la demanda y una reducción en la producción y la oferta, dando lugar así a la escasez. A un precio artificialmente bajo, los individuos estarán dispuestos a comprar más, al mismo tiempo que la producción y la inversión en el bien o servicio regulado se hace menos lucrativa y, por consiguiente, se reduce la colocación de este en el mercado. La ganancia a corto plazo de los consumidores, mientras disminuyen los inventarios, termina revirtiéndose en el largo plazo dada la penalización que tiene el control sobre los incentivos a los productores. Estos últimos no pudiendo realizar su ganancia intentarán, en el mejor de los escenarios, reasignar los factores de producción o evadir el control.
La reasignación de factores de producción se hace tanto más difícil cuanto más amplio sea el control de precios y sus consecuencias sobre el mercado laboral más perniciosas. Pero ese tema pudiera ser objeto de un próximo artículo, no del actual. La evasión es el camino menos complicado, pero no por ello menos costoso para la sociedad en su conjunto. El productor puede, entre otras, elegir disminuir la calidad del bien o del servicio y entonces el Estado se verá tentado a establecer estándares mínimos de calidad, pero para hacerlos cumplir necesitará incrementar su burocracia, con las consabidas consecuencias en términos de eficiencia y transparencia detrás de ella.
Mercado de la Plaza de San Jacinto, principios Siglo XX
Por otro lado, los consumidores pudieran tener incentivos para pagar un precio más alto, generando así el caldo necesario para la aparición eventual de un “mercado negro”.
Como quiera que se vea, los controles de precio no han sido, no son y no serán una medida eficiente para proteger el poder adquisitivo de determinados grupos sociales, menos, aunque no desarrollado en este texto, para contener presiones inflacionarias. Resta preguntarnos, entonces ¿porqué algunos tienen la convicción de que ahora será distinto que en el pasado?
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.
Albert Einstein.