Tirios y troyanos yerran en la interpretación de los resultados electorales del 6D. Si bien es cierto que casi todas las proyecciones daban una victoria segura a las organizaciones políticas agrupadas bajo el paraguas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ninguna se acercó a los resultados registrados el pasado seis de diciembre de 2015. Los determinantes de este resultado electoral aún son objeto de análisis y debate en muchos círculos, pero gobierno y oposición insisten en tener lecturas complacientes de lo ocurrido.
Para los primeros, los resultados encuentran explicación en un electorado confundido por los avatares de una guerra económica orquestada por la derecha; para los segundos, los resultados traducen el rechazo de los venezolanos hacia un modelo fracasado.
Ni lo uno, ni lo otro. No existen elementos materiales que sustenten la tesis de una guerra económica. Ni siquiera aquellos identificados como confundidos por el gobierno dan crédito a tan delirante ardid. Y tampoco es cierto que todos quienes votaron por la MUD rechacen totalmente el modelo que se intenta imponer desde hace diecisiete años, una parte de ellos aún hoy valoran como positivas algunas misiones sociales. Y como en río revuelto ganancia de pescador, ambas partes se esfuerzan en desplegar estratagemas que contribuyan a jalar la balanza para su lado. Así, por ejemplo, el oficialismo se ha esforzado en ocultar lo que pareciera ser su determinación de desconocer la voluntad popular pero cuidándose de parecer que no atenta contra el Estado de derecho. También intenta el oficialismo que la Asamblea Nacional le convalide o relegitime un modelo económico que hizo aguas hace mucho tiempo y el cual quieren no sólo perpetuar sino endosar a aquella porción del país que nunca comulgó con él. Por su parte, la MUD, desde la Asamblea Nacional, muerde el anzuelo de ir a una confrontación de poderes que luego abandona de manera consensuada con el principal operador político del gobierno.
Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional avanza lentamente en el desarrollo de sus mandatos constitucionales y de su oferta electoral distraída en la evaluación de modos para propiciar una pronta renovación del Poder Ejecutivo y en una agenda “impuesta” por otros actores del poder público nacional.
Para avanzar en cualquier dirección, desde la Asamblea Nacional, los distintos actores y factores agrupados bajo la MUD deberán reconocer que más allá de la unidad que deben esforzarse en preservar están obligados a, al menos, conservar el apoyo que les fue expresado materialmente mediante el sufragio. Es preciso que el pueblo entienda lo que está pasando. El discurso y el mensaje contenido en él debe hacerse llegar al pueblo, no sólo a una porción, por importante que esta sea, de nuestra población. Es significativo que reflexionemos sobre qué entendió el ciudadano de a pie cuando escuchó a connotados juristas y a sus representantes en el Parlamento decir que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se suspendían los efectos del acto de adjudicación de los diputados electos del estado Amazonas es inejecutable. ¿Qué significa que la sentencia no se pueda ejecutar? ¿Qué es ilegal? ¿Cómo, si la dictó el máximo tribunal de justicia del país? No, inejecutable por los efectos “consumidos” que se pretenden suspender. Valdría explicar que cuando usted, por ejemplo, realiza un pago la obligación que lo genera se extingue. No se puede, en consecuencia, suspender los efectos del pago realizado; la obligación que le da origen se reputa perecida. De manera más llana, no se pueden suspender los efectos de la tala de un árbol cuando este ha sido talado; se puede sí detener el proceso de la tala, en caso de que ella no se hubiera culminado, y evitar así el derribo del árbol del que se trate. Volviendo al ejemplo del pago, una vez efectuado el pago, el dinero no está en posesión de quien pagó (el pagador) está en posesión de quien recibe el pago; cualquier medida o instrucción dirigida al pagador para suspender los efectos del pago, una vez que el pago ha sido realizado, es inejecutable porque, justamente, el pagador ya pagó, el dinero está en posesión de otra persona y esta puede hacer con él aquello que su libre albedrío y la ley le permitan.
Es importante que el pueblo entienda tanto el qué como el porqué. Esto es inclusive mucho más importante con el rechazo de la Asamblea Nacional al decreto de emergencia económica presentado por el presidente Nicolás. Más allá del fuego cruzado de responsabilidades entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, es preciso hacer comprender al pueblo que el presidente Maduro no estaba requiriendo recursos, herramientas o poderes que no se encontraran ya contenidos en el ordenamiento jurídico vigente. No es una tarea fácil, pero es necesaria. Es imperativo que comprenda que el Ejecutivo Nacional no estaba pidiendo nada para paliar o combatir los problemas económicos que enfrentamos día a día; que lo solicitado en el decreto se satisfacía con las leyes vigentes. Puesto llanamente, solicitaba autorización para agilizar los trámites de aduana para la nacionalización de mercancías cuando existe una Ley de simplificación de trámites administrativos de los cual puede hacer uso, por ejemplo.
