Las circunstancias que han marcado el devenir del país, desde el 6 de diciembre de 2015 a la fecha, dan fe de que el penoso camino hacia la opción de un cambio de Gobierno en Venezuela, aunque prevista en la Constitución, sólo ha podido darse gracias a la fuerte presión tanto interna como externa sobre quienes ejercen el poder en el país.
Desde el chavismo han activado todos los mecanismos posibles para garantizar su preservación en el poder, incluyendo la profundización de una crisis institucional que coquetea con el desconocimiento total del Poder Legislativo, algo que no ha terminado de concretarse debido precisamente a esa presión.
De allí que la posición expresada el 9 de agosto pasado por el Consejo Nacional Electoral con respecto a los lapsos que estarían implicados para activar una convocatoria a referendo revocatorio del actual Gobierno, sólo buscaba un claro efecto de enfriamiento en el ánimo de la oposición venezolana, entendiendo como tal a los ciudadanos de a pie que no comulgan con las actuales autoridades nacionales y su gestión.
La idea es sembrar desánimo y confusión. Con esto se pretende hacer más cuesta arriba la labor de los dirigentes políticos de los partidos opositores al chavismo en su afán por mantener activada la protesta y el entusiasmo colectivo por lograr un cambio en la conducción del país por la vía legal.
A pesar de que este fuera el objetivo de fondo del CNE, su postura fue tan ambigua como las circunstancias lo permiten, tomando en cuenta el actual sistema de poder en Venezuela, donde apenas se hacen medianos esfuerzos por guardar apariencias democráticas.
Más allá del discurso, la autoridad electoral dejó abiertas algunas rendijas que podrían permitir que el revocatorio se celebre antes del 10 de enero de 2017, la fecha que fija una diferencia entre la posibilidad de un cambio de Gobierno o de sólo la salida sólo del Presidente Nicolás Maduro.
Neutralizar la estrategia para retrasar los procedimientos que permitan efectuar el referendo revocatorio en los tiempos esperados dependerá del escrutinio constante sobre el accionar de los funcionarios, así como de la persistencia de la presión nacional e internacional sobre el Gobierno.
No hay que olvidar que en las consultas de las principales encuestadoras del país se ubica sobre 80% el nivel de rechazo a la gestión de Maduro, lo que explica claramente todos los esfuerzos del Gobierno por hacer inviable el referendo.
El reclamo permanente de los derechos constitucionales con el acompañamiento de actuaciones como las de la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur, el Vaticano y más recientemente la ONU, son determinantes en la evolución de este proceso que está lejos de dejar de ser tedioso, agotador y, a la vez, altamente retador.