Venezuela ha vivido un proceso acelerado de concentración de funciones en manos del Estado y, a la par, una despersonalización institucional para dar paso a su uniformidad entorno a las líneas de mando del Ejecutivo, lo que terminó por darle piso a una nueva forma de Gobierno inaugurado por Hugo Chávez y que ha proseguido con Nicolás Maduro. Salvo por la conflictividad vivida en los años 2002 y 2003, que puso en riesgo el sistema, este ha evolucionado sostenidamente desde 1999, operando según parámetros y normas que se fueron reacomodando progresivamente en el pasar de los años. Aun cuando prevalece el principal marco legal de la nación, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otros elementos normativos han sido ajustados para que el engranaje funcione cabalmente e, incluso, los hábitos de vida del ciudadano común alrededor de las instituciones también cambiaron.
Sin embargo, al cierre de 2015 y por la vía electoral hubo una variación en el orden acostumbrado. La oposición logró la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, uno de los principales poderes públicos de la nación, rescatando la misión contralora del Legislativo y su poder para proponer y aprobar leyes requeridas por el país. Este quiebre en la operatividad del sistema ha dado lugar a un borrascoso clima de inestabilidad institucional a lo largo de siete semanas.
Una de las primeras señales vino, tras conocerse los resultados electorales, con la acelerada designación de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional que cesaría funciones. La oposición rechazó este acto debido a varios factores, entre los que se cuentan el otorgamiento anticipado de jubilaciones a magistrados para acelerar los cambios y garantizar la permanencia en el Poder Judicial de los seleccionados por el oficialismo, y la obvia parcialidad política de muchos de los jueces designados.
Luego de que el Poder Electoral que ejerce el Consejo Nacional Electoral determinara que la oposición en las elecciones del 6 de diciembre logró 112 diputados a la Asamblea Nacional, proclamándolos como tales, ante el TSJ se introdujeron acciones contra los comicios en el estado Amazonas. Finalmente el Tribunal suspendió la juramentación de los diputados electos en esa entidad.
La nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora, decidió juramentar a estos diputados, lo que generó la reacción del TSJ, que le ordenó la inmediata desincorporación de esos parlamentarios, pues de lo contrario la AN entraría en desacato y todas sus acciones se considerarían nulas. En medio de esto se produjeron múltiples declaraciones de voceros del Ejecutivo, quienes pusieron sobre la mesa la posibilidad del desconocimiento de la Asamblea Nacional recién constituida.
Finalmente los diputados de Amazonas decidieron desincorporarse de la AN mientras intentan nuevas acciones ante el TSJ para defender su causa; pero eso no cerró el capítulo. Se han presentado nuevas impugnaciones de resultados electorales a la par de que el Ejecutivo Nacional emitía un decreto de Estado de Emergencia Económica, cuyas implicaciones políticas pueden acentuar la crisis de poderes principalmente si el Parlamento decide no aprobar el texto.
La inestabilidad institucional poco favorece a un país cuya economía se hundió 7,1% al tercer trimestre de 2015 con una inflación de 108,7% y que espera coordinación entre todos los actores de la vida nacional para hacer frente a la crisis económica. Queda en evidencia que reaprender a gobernar en un sistema plural luce difícil después de tres lustros de hegemonía.